Bienvenido a su simulacro: Simulacro gestión de informacion pública
Un ciudadano presenta una solicitud formal ante la Secretaría de Hacienda de un municipio solicitando la relación detallada de los pagos efectuados durante el último semestre a contratistas por concepto de prestación de servicios, incluyendo nombres, montos y números de contrato. El funcionario encargado de responder niega la entrega argumentando que el ciudadano no acreditó un interés legítimo directo ni justificó para qué utilizará dicha información, y añade que dicha relación no está publicada en la página web institucional. ¿Es jurídicamente procedente la actuación del funcionario de la Secretaría de Hacienda?
Una veeduría ciudadana solicita a la Dirección de Infraestructura de un departamento copia de las actas de interventoría de una obra pública. La entidad responde que no dará trámite a la solicitud porque la veeduría 'no utilizó el formulario institucional predeterminado de peticiones' aprobado en el manual de calidad interno de la entidad, exigiéndole radicar nuevamente la solicitud de manera presencial. ¿Qué principio de la Ley Estatutaria 1712 de 2014 vulnera prioritariamente la entidad con esta exigencia?
Un docente universitario solicita por correo electrónico copia en formato digital PDF de un estudio técnico de ordenamiento ambiental realizado por una autoridad ambiental regional. La entidad le informa que el documento consta de 300 folios y que, para remitírselo a su correo electrónico, debe pagar previamente en la tesorería una 'tarifa administrativa de procesamiento digital y búsqueda archivística' fijada en un porcentaje del salario mínimo legal. ¿Se ajusta a la legalidad el cobro exigido por la autoridad ambiental?
Un periodista radica una petición ante un instituto descentralizado solicitando copias de los informes de auditoría de control de gestión. Al cumplirse el plazo ordinario de respuesta, la entidad le notifica que remitió internamente la solicitud a otra subdirección y que los términos legales de respuesta comenzarán a computarse nuevamente desde cero a partir de dicho reparto interno. A la luz de los principios de buena fe y celeridad de la Ley 1712 de 2014, la actuación de la entidad:
Un ciudadano formula una petición electrónica ante una alcaldía solicitando el presupuesto de inversiones del año en curso. La administración le responde que la información únicamente se entrega de forma personal en la ventanilla de la tesorería municipal en un horario específico de dos horas a la semana, negándose a remitir el archivo al correo electrónico suministrado por el interesado. Frente a este caso, ¿cuál es el mandato aplicable de la Ley Estatutaria 1712 de 2014?
Un ciudadano obtiene legalmente mediante derecho de petición una base de datos pública con el listado de beneficiarios de subsidios de vivienda municipal. Posteriormente, publica dicha base de datos en internet alterando deliberadamente las cifras para atribuir montos falsos y generar confusión pública. ¿Cómo regula la Ley 1712 de 2014 la conducta y deberes del peticionario frente a la información recibida?
Una empresa privada prestadora de servicios públicos de acueducto y alcantarillado en un municipio recibe una solicitud ciudadana pidiendo copia del contrato de operación, la estructura tarifaria aplicada y las inversiones en redes. La empresa rechaza responder argumentando que, al ser una sociedad comercial por acciones con capital 100% privado, no está sujeta al régimen de la Ley 1712 de 2014. ¿Es jurídicamente válida la postura adoptada por la empresa privada de servicios públicos?
Una federación gremial agropecuaria de carácter privado administra mediante contrato un Fondo Parafiscal financiado con contribuciones parafiscales de ley. Un productor solicita copia de los convenios de asistencia técnica ejecutados con cargo a los recursos de dicho fondo. La federación niega la entrega sosteniendo que su naturaleza asociativa privada la excluye del control ciudadano directo. ¿Tiene la federación gremial privada la obligación legal de entregar dicha información?
Un colectivo de veeduría solicita a un partido político con personería jurídica información sobre los fondos públicos percibidos por concepto de reposición estatal de votos en las últimas elecciones y los contratos de publicidad electoral suscritos. Conforme al ámbito de aplicación de la Ley 1712 de 2014, ¿cuál es el deber del partido político?
Un ciudadano radica ante un Juzgado de Circuito dos peticiones: 1) El cuadro detallado de gastos de funcionamiento y contratos de papelería del juzgado, y 2) Copia del expediente de un proceso penal que se encuentra en fase de indagación preliminar reservada. ¿Cómo debe resolver en derecho el despacho judicial?
Un ente territorial constituye un patrimonio autónomo administrado por una sociedad fiduciaria privada mercantil para financiar la construcción de una vía pública troncal. Un ciudadano solicita a la fiduciaria el detalle de los desembolsos a contratistas, estados financieros del fideicomiso y rendimientos obtenidos. La fiduciaria niega la entrega alegando el secreto fiduciario comercial. ¿Es jurídicamente fundada la negativa de la sociedad fiduciaria privada?
En el trámite de un concurso de méritos para proveer cargos públicos, un aspirante no seleccionado solicita a la entidad copia integral de las historias clínicas ocupacionales, evaluaciones psicológicas individuales y exámenes médicos de ingreso de los candidatos nombrados en los primeros lugares. ¿Cómo debe resolver en derecho la entidad custodia frente a esta solicitud?
Una asociación de funcionarios de una agencia estatal solicita a la administración suprimir de la página web institucional la relación de cargos con sus respectivas asignaciones salariales mensuales y viáticos, alegando que la publicidad de sus remuneraciones lesiona su derecho a la intimidad económica y los expone a riesgos de seguridad. ¿Es jurídicamente procedente la solicitud de supresión elevada por los funcionarios?
En una licitación pública para la modernización de redes de datos, un oferente solicita copia íntegra de la propuesta de su competidor adjudicatario, incluyendo los diagramas de ingeniería patentados, algoritmos fuente protegidos por derechos de autor y secretos de diseño industrial. ¿Cuál es la obligación legal de la entidad pública contratante?
Un investigador solicita a un archivo público copia de un expediente que contiene datos personales íntimos de una persona natural fallecida recientemente. El solicitante argumenta que toda información pública en archivos desclasifica automáticamente transcurridos quince años desde su creación, por lo que no pueden invocar reserva alguna. ¿Opera el plazo legal general de 15 años respecto de la información pública clasificada por intimidad?
Una veeduría solicita copia digital de los contratos de consultoría suscritos por una entidad estatal. En el cuerpo de los contratos figuran los nombres, objeto contractual, valor de honorarios, pero también figuran la dirección residencial personal, el número de celular privado, el correo electrónico particular y la cuenta bancaria de los contratistas. ¿Cuál es la respuesta y procedimiento adecuado por parte de la entidad pública?
Un ciudadano solicita al Comando de las Fuerzas Militares: 1) Las copias de los contratos de mantenimiento locativo de las oficinas administrativas del ministerio, y 2) Las coordenadas geográficas exactas de despliegue de las estaciones de radares de vigilancia aérea y telecomunicaciones estratégicas del país. ¿Cómo debe proceder la autoridad militar conforme al régimen de excepciones de la Ley 1712 de 2014?
En el curso de una negociación internacional reservada para acordar un tratado de delimitación de áreas marítimas con un Estado limítrofe, un medio de comunicación solicita las notas diplomáticas y minutas preliminares intercambiadas entre los cancilleres que se encuentran en debate confidencial. ¿Encuentra sustento jurídico la negativa del Ministerio de Relaciones Exteriores?
Un veedor solicita a una oficina de control interno disciplinario de una gobernación copia íntegra de un expediente en etapa de indagación previa, en el cual aún se están recaudando testimonios y pruebas preliminares sin que se haya formulado pliego de cargos. La entidad deniega la solicitud invocando reserva legal. ¿Es conforme a la ley la decisión de la entidad disciplinaria?
Una entidad de planeación del Estado niega el acceso a un plan de contingencia de orden público elaborado en el año 2005 (hace más de 18 años), afirmando que al haber sido calificado como reservado en su momento, esa condición se mantiene de por vida hasta que una nueva ley ordene lo contrario. Conforme a las disposiciones de la Ley Estatutaria 1712 de 2014, ¿es jurídica la postura de la entidad?
El director de un instituto de investigación pública expide una resolución interna mediante la cual clasifica como 'información reservada' todos los convenios y contratos de cooperación técnica suscritos con universidades privadas, justificando que la publicidad de las tarifas pactadas afecta la competitividad del instituto en el mercado académico. Al examinar el primer requisito sustantivo del Test de Daño (Art. 28 de la Ley 1712 de 2014), la resolución interna del director:
Una entidad del sector de hidrocarburos niega la entrega de los informes de monitoreo técnico de un gasoducto solicitados por una veeduría, argumentando escuetamente que 'su entrega podría poner en riesgo abstracto la continuidad de la infraestructura energética en el futuro'. La entidad no aporta estudios fácticos, evidencia objetiva ni relación causal entre la información y una afectación concreta. De acuerdo con las Sentencias SU-328 de 2025 y SU-018 de 2026 de la Corte Constitucional, la fundamentación de la entidad:
Una autoridad ambiental niega a una comunidad campesina el acceso a los análisis químicos de fuentes hídricas contaminadas con residuos industriales, adujendo que la empresa generadora de los vertimientos alegó 'reserva de reputación comercial'. La entidad pública no realizó ninguna ponderación frente al impacto en la salud de la población que consume el agua. ¿Qué vicio sustancial invalida la decisión adoptada por la autoridad ambiental?
Un ciudadano solicita el acta de una reunión directiva en la que se definieron traslados presupuestales en un municipio. El alcalde responde mediante un oficio de una línea que expresa: 'Se niega la solicitud por encontrarse bajo reserva de conformidad con la Ley 1712 de 2014', sin citar el artículo concreto, sin invocar causal taxativa y sin desarrollar el Test de Daño. Frente al marco jurídico estatutario, ¿cuál es la consecuencia legal de esta respuesta?
Un periodista solicita a un instituto de bienestar familiar copia de un informe de auditoría sobre comedores comunitarios. El documento contiene hallazgos de presunta corrupción y desvíos presupuestales por parte de contratistas, pero también consigna las identidades, edades y condiciones nutricionales clínicas de los niños beneficiarios del servicio. ¿Qué procedimiento legal debe adelantar el instituto público frente al requerimiento?
Una organización de derechos humanos solicita a un organismo de seguridad del Estado copia de los libros de registro y reportes operacionales de una unidad oficial correspondientes a una fecha específica, requeridos dentro de una investigación judicial formal por graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. La entidad niega la entrega amparándose en el 'Secreto Militar de Seguridad Nacional'. ¿Es legalmente admisible la excepción de reserva invocada por el organismo de seguridad?
Un centro de estudios económicos solicita a una secretaría de hacienda territorial las matrices de ejecución presupuestal de los últimos tres años. La entidad custodia los datos en hojas de cálculo electrónicas estructuradas, pero decide imprimirlas, escanearlas en hojas torcidas con baja calidad y entregar un archivo PDF rasterizado que impide la búsqueda de texto o el procesamiento automático de los datos. En concordancia con los principios de facilitación y estándares de datos de la Ley 1712 de 2014, ¿es correcta la actuación de la entidad?
En una auditoría sobre el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, la oficina de control interno solicita a la dirección de tecnología el 'Registro de Activos de Información'. El funcionario presenta el inventario de software antivirus, licencias de sistemas operativos y servidores físicos. ¿Cumple dicho documento con la definición y alcance del Registro de Activos de Información de la Ley 1712?
Una entidad descentralizada aprueba su Esquema de Publicación de Información, listando los títulos de los documentos que divulga, pero omite señalar las fechas y periodicidad de actualización, las áreas técnicas responsables del cargue y los medios de consulta. ¿Se ajusta este documento a los requerimientos del Decreto 1081 de 2015?
El comité directivo de un organismo público incluye en su Índice de Información Clasificada y Reservada una cláusula que reza: 'Todos los informes de auditoría interna preliminares o definitivos gozan de reserva absoluta'. La entidad no relaciona ningún acto motivado individual ni precisa temporalidad alguna. Frente a las reglas estatutarias del Índice de Información Clasificada y Reservada, esta actuación:
Una entidad territorial afirma en un comité institucional que no requiere adoptar el Programa de Gestión Documental (PGD) previsto en el artículo 12 de la Ley 1712 de 2014, aduciendo que ya cuenta con Tablas de Retención Documental (TRD) aprobadas. ¿Es conforme a derecho la postura de la entidad territorial?
Sí, siempre que la entidad tenga menos de cincuenta funcionarios en planta.
Sí, las TRD reemplazan al PGD en todos los niveles de la administración pública.
No, porque el PGD es un instrumento integral de planificación y control documental exigido por la Ley 1712 y la Ley 594 de 2000, mientras que las TRD son una herramienta técnica específica de valoración y retención.
previsto en el artículo 12 de la Ley 1712 de 2014, aduciendo que ya cuenta con Tablas de Retención Documental (TRD) aprobadas. ¿Es conforme a derecho la postura de la entidad territorial? A) Sí, las TRD reemplazan al PGD en todos los niveles de la administración pública. B) No, porque el PGD es un instrumento integral de planificación y control documental exigido por la Ley 1712 y la Ley 594 de 2000, mientras que las TRD son una herramienta técnica específica de valoración y retención. C) Sí, siempre que la entidad tenga menos de cincuenta funcionarios en planta. D) No, porque las TRD perdieron vigencia legal con el Decreto 1081 de 2015.
Ninguna
El secretario de despacho de un municipio decide no publicar en el portal web institucional el Registro de Activos de Información ni el Índice de Información Clasificada y Reservada, argumentando que son documentos internos que no requieren difusión ciudadana. ¿Qué consecuencia jurídica acarrea esta decisión frente a la transparencia activa?
Un ciudadano con requerimientos de accesibilidad solicita a una entidad pública adecuar su portal web institucional porque los contenidos no cuentan con textos descriptivos alternativos ni contraste suficiente de color para lectores de pantalla. La entidad responde que las directrices técnicas internacionales de accesibilidad no son vinculantes en Colombia. Conforme a la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC (Anexo 1), la respuesta de la entidad es:
En el rediseño de su sitio web, una entidad descentralizada retira la sección estandarizada 'Transparencia y Acceso a la Información Pública' y dispersa los contenidos de presupuesto, normograma y compras en diferentes pestañas promocionales. A la luz del Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC, esta modificación:
Una entidad territorial dispone sus estadísticas de contratación pública en archivos cerrados de imagen que impiden el copiado o procesamiento digital de los datos, exigiendo adquirir un programa informático comercial específico para su lectura. ¿Qué directriz técnica de la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC y de la Ley 1712 de 2014 se está incumpliendo?
Una ciudadana recibe la notificación formal de la negativa de entrega de un informe de auditoría por presunta reserva legal. La interesada interpone el recurso de insistencia treinta y cinco días hábiles después de surtida la notificación. ¿Cuál es la consecuencia procesal sobre el recurso radicado?
Un ciudadano interpone dentro del término legal el recurso de insistencia contra una empresa de servicios públicos oficial del orden distrital que negó la entrega de unos informes contractuales invocando reserva. La entidad remite el expediente a la autoridad judicial competente. ¿Quién tiene la competencia jurisdiccional para resolver la insistencia y cuál es el plazo legal para proferir el fallo?
Un ciudadano interpone oportunamente el recurso de insistencia ante una secretaría departamental que le denegó información. La dependencia decide archivar el recurso internamente y se niega a remitir el expediente ante el juez administrativo competente. ¿Qué acción judicial constitucional procede directamente para proteger el derecho del peticionario?
Un ciudadano requiere solicitar copias de contratos de obras públicas en una localidad, pero acredita fundadamente que la revelación de sus datos personales e identidad ante la entidad contratante generaría un grave riesgo para su seguridad personal e integridad. ¿Qué trámite especial contempla el artículo 4º de la Ley 1712 de 2014 para este caso?
Un servidor público responsable de la custodia del archivo de contratación de una entidad estatal oculta deliberadamente y hace desaparecer los expedientes de una licitación que fueron formalmente solicitados por un medio de comunicación, con el fin de evitar su entrega y fiscalización. A la luz del artículo 29 de la Ley 1712 de 2014 y el marco disciplinario, ¿a qué consecuencias se enfrenta dicho servidor?
