Simulacro Prueba General Convocatoria Contralorías Territoriales - Simulacros para las Convocatorias de la CNSC

¡Potencia tu preparación para el concurso de Contralorías Territoriales con nuestro simulacro gratuito! Si aspiras a un puesto como en las Contralorías Territoriales en los próximos procesos de selección, esta herramienta es indispensable. Ha sido diseñada para que evalúes tus conocimientos sobre la estructura y el funcionamiento de las contralorías, abarcando desde su organización interna hasta los principios fundamentales de la función administrativa que rigen su labor.

Este simulacro no solo te ayudará a identificar tus fortalezas y debilidades, sino que cada respuesta correcta viene acompañada de explicaciones claras y concisas, convirtiendo cada error en una valiosa oportunidad de aprendizaje. Podrás comprender por qué un hallazgo se rige por la eficacia o la importancia de la imparcialidad de un auditor, preparándote para un pensamiento crítico y aplicado en tu futura carrera administrativa.

No dejes tu ingreso al sector público al azar. Este simulacro gratuito es una inversión en tu futuro profesional, una oportunidad única para medir tu nivel de conocimiento y ajustar tu estrategia de estudio para los concursos públicos de méritos venideros.

Bienvenido a su simulacro: Simulacro Prueba General Convocatoria Contralorías Territoriales

Caso: La recién conformada terna para la elección de Contralor Municipal es presentada ante el pleno del Concejo Municipal. Uno de los concejales manifiesta que la elección debería ser realizada por el Alcalde, para alinear el control fiscal con el plan de gobierno.Enunciado: Como asesor de la corporación, se le pide aclarar la competencia para esta elección. ¿Qué debería responder sobre la estructura del poder público local?

El concejal tiene razón, el Alcalde como jefe de la administración municipal debe elegir al Contralor.

La elección la realiza la Contraloría General de la República para asegurar la independencia del control fiscal en el territorio.

La elección del Contralor territorial corresponde al Concejo Municipal o Asamblea Departamental, de una terna conformada por convocatoria pública.

Caso: El Gobernador de un departamento emite un decreto ordenando al Contralor Departamental iniciar una auditoría inmediata a un municipio específico, argumentando razones de urgencia manifiesta.Enunciado: A la luz de la estructura orgánica de las Contralorías, ¿está el Contralor Departamental obligado a cumplir la orden del Gobernador?

Sí, porque el Gobernador es la máxima autoridad administrativa del departamento y puede disponer de sus entidades.

No, porque la Contraloría Departamental goza de autonomía administrativa y presupuestal, y decide su plan de auditorías con base en criterios técnicos y de riesgo.

Sí, pero únicamente si la Asamblea Departamental ratifica la orden emitida por el Gobernador.

Caso: Una Contraloría Municipal define su proyecto de presupuesto para la siguiente vigencia. El Secretario de Hacienda del municipio lo modifica y lo reduce sustancialmente antes de presentarlo al Concejo, afirmando que no hay recursos suficientes.Enunciado: ¿Es correcta la actuación del Secretario de Hacienda según la estructura de las Contralorías?

Sí, el Secretario de Hacienda es el responsable de la viabilidad financiera de todo el presupuesto municipal.

Es parcialmente correcta, pues aunque la Contraloría tiene autonomía, la Secretaría de Hacienda puede hacer ajustes previos.

No, la actuación vulnera la autonomía presupuestal de la Contraloría. El proyecto de presupuesto debe ser presentado por la Contraloría al Concejo para su estudio y aprobación.

Caso: Un funcionario de una Contraloría territorial sostiene que, para iniciar un proceso auditor sobre un programa financiado con recursos de la Nación, se requiere la autorización previa de la Contraloría General de la República (CGR).Enunciado: ¿Cuál es la relación correcta entre la CGR y las contralorías territoriales en este escenario?

La CGR ejerce un control jerárquico y puede reasignar la auditoría a sus propios funcionarios si lo considera pertinente.

La relación es de coordinación y la CGR establece políticas generales, pero la Contraloría territorial tiene competencia directa para auditar los recursos que ejecutan las entidades de su jurisdicción, sin importar la fuente.

El funcionario está en lo cierto; la CGR debe autorizar por ser recursos de la Nación.

Se debate dentro de una Contraloría si las empresas de economía mixta del municipio, donde la participación pública es del 51%, deben ser sujeto de control fiscal.

Solo si la empresa de economía mixta solicita voluntariamente ser auditada por la Contraloría.

Sí, porque la vigilancia fiscal se ejerce sobre las entidades que manejan fondos o bienes públicos, como las sociedades de economía mixta con participación estatal igual o superior al 50%.

No, porque al tener capital privado se rigen exclusivamente por el derecho privado.

Caso: Un profesional universitario de la Contraloría es asignado a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal. Su jefe inmediato es el Contralor Auxiliar.Enunciado: Dentro de la estructura organizacional, ¿cuál es el propósito principal de esta dependencia?

Realizar las auditorías en campo a las entidades sujetas de control para identificar hallazgos.

Adelantar el proceso administrativo sancionatorio para resarcir los daños ocasionados al patrimonio público, una vez se determinan hallazgos con incidencia fiscal.

Elaborar los planes de mejoramiento junto con las entidades auditadas para corregir las fallas administrativas.

Caso: Un ciudadano argumenta que el Contralor Municipal no tiene competencia para vigilar la gestión del Concejo Municipal, ya que fue esta corporación la que lo eligió.Enunciado: ¿Es correcta la afirmación del ciudadano desde el punto de vista de la estructura del control fiscal?

El Concejo solo puede ser auditado por la Contraloría General de la República.

No, el Concejo Municipal, al manejar recursos públicos, es sujeto de control fiscal como cualquier otra entidad de la jurisdicción, y la Contraloría tiene el deber constitucional de vigilarlo.

Sí, existe un conflicto de interés que impide al Contralor auditar a sus electores.

Caso: Un grupo de ciudadanos solicita al Contralor Municipal declarar insubsistente a un gerente de una empresa pública por mala gestión.Enunciado: ¿Tiene el Contralor la facultad, dentro de su estructura de competencias, para remover de su cargo a los administradores públicos?

No, el Contralor no tiene facultades nominadoras ni sancionatorias disciplinarias. Su función es determinar la responsabilidad fiscal (resarcimiento del daño económico) y reportar a las autoridades competentes (Procuraduría, Fiscalía).

Sí, como máxima autoridad de control fiscal, puede ordenar la desvinculación de los malos funcionarios.

Solo puede hacerlo si el funcionario ha sido declarado con responsabilidad fiscal en un fallo definitivo.

Caso: Una entidad descentralizada del orden municipal se niega a ser auditada por la Contraloría Municipal, argumentando que por su naturaleza técnica y especial, solo rinde cuentas a su junta directiva.Enunciado: ¿Es válido el argumento de la entidad descentralizada?

No, todas las entidades del orden municipal, sean del sector central o descentralizado, son sujetos de control fiscal por parte de la Contraloría Municipal.

Sí, las entidades descentralizadas tienen un régimen especial y autónomo.

Solo si la entidad no recibe transferencias directas del presupuesto central del municipio.

Caso: El Contralor saliente desea nombrar a su sucesor de forma directa para garantizar la continuidad de sus políticas.Enunciado: ¿Es este un mecanismo válido para la provisión del cargo de Contralor?

Sí, pero solo si el Contralor saliente tiene la aprobación de la mayoría del Concejo Municipal.

No, la estructura de elección del Contralor territorial está reglada por la Constitución y la ley, y se basa en una convocatoria pública y elección por parte del Concejo o Asamblea, no en una designación directa.

Sí, para garantizar la continuidad y la experiencia en la gestión.

Caso: Un equipo auditor evidencia que un municipio construyó un puente en una zona donde no hay vías de acceso. La obra cumplió con todas las normas legales y contractuales.Enunciado: ¿Bajo qué principio de funcionamiento del control fiscal puede la Contraloría emitir un hallazgo sobre esta obra?

La Contraloría no puede emitir un hallazgo, pues su función se limita a verificar el cumplimiento de los contratos.

Bajo el principio de eficacia y eficiencia, ya que la obra, aunque legal, no cumple ningún fin, no resuelve una necesidad y representa un uso ineficiente de los recursos públicos.

Bajo el principio de legalidad, ya que alguna norma debió ser violada.

Caso: Una vez finalizada una auditoría, la Contraloría emite el informe final con hallazgos administrativos y fiscales. La entidad auditada está en desacuerdo con los resultados.Enunciado: ¿Qué herramienta de funcionamiento le permite a la entidad comprometerse a solucionar las causas de los hallazgos administrativos?

Presentar un recurso de apelación contra el informe final de auditoría.

Solicitar una nueva auditoría con un equipo diferente para invalidar los resultados de la primera.

Suscribir un Plan de Mejoramiento, donde se establecen acciones, responsables y plazos para corregir las debilidades.

Caso: Un auditor detecta un sobrecosto en un contrato. Para soportar su hallazgo, se basa en un recorte de periódico que habla sobre los altos precios en la construcción.Enunciado: ¿Por qué esta evidencia no es adecuada para el funcionamiento de la auditoría?

Porque la evidencia debe ser obtenida de fuentes oficiales, ser pertinente, suficiente y competente, como cotizaciones de mercado o análisis de precios de bases de datos especializadas.

Porque la única evidencia válida es el testimonio juramentado del contratista.

Porque los periódicos siempre exageran y no son una fuente de información válida para el Estado.

Caso: Una Contraloría revisa la cuenta anual rendida por una alcaldía. Tras analizarla, concluye que la información financiera es razonable y la gestión fue acorde con la normativa.Enunciado: ¿Cuál es el acto mediante el cual la Contraloría formaliza esta conclusión sobre el funcionamiento de la entidad?

La publicación del informe de auditoría en la página web.

El fenecimiento de la cuenta.

El auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal.

Durante una auditoría, la Contraloría detecta que la entidad auditada pagó el 100% de un contrato de consultoría sin que el contratista entregará los productos finales.

Disciplinaria, porque el supervisor fue negligente en sus funciones.

Penal, porque podría constituir un delito de peculado.

Fiscal, porque se realizó un pago sin recibir la contraprestación, generando un posible daño al patrimonio público.

Caso: Un contralor decide auditar únicamente los contratos de obra y dejar por fuera la revisión de los programas sociales durante 4 años seguidos.Enunciado: ¿Qué característica del funcionamiento del control fiscal se está aplicando de manera riesgosa?

El control financiero, que debería ser la única prioridad de la Contraloría.

El control posterior, ya que debería ser un control previo para ser más efectivo.

El control selectivo, que si bien permite a la Contraloría enfocar sus recursos, debe basarse en un análisis de riesgos integral y no en una exclusión sistemática de áreas importantes.

Caso: Un equipo auditor, en la fase inicial de su trabajo, dedica varias semanas a entender el funcionamiento de la entidad, sus procesos críticos, su presupuesto y sus principales riesgos.Enunciado: Esta etapa del proceso auditor es crucial y se conoce como:

Fase de planificación, que permite definir el objetivo, alcance y enfoque de la auditoría.

Fase de ejecución, donde se aplican las pruebas.

Fase de informe, donde se comunican los resultados.

Caso: La Contraloría evidencia que una entidad no está cobrando una multa impuesta a un contratista hace 5 años, lo que está a punto de ocasionar la prescripción de la acción de cobro.Enunciado: ¿Qué principio de la gestión fiscal, cuyo cumplimiento debe vigilar la Contraloría, está fallando en este caso?

El principio de valoración de costos ambientales.

El principio de eficiencia en la gestión de los recursos.

El principio de equidad social.

Caso: Antes de publicar su informe final, el equipo auditor le entrega a la entidad un borrador del informe con todos los hallazgos detectados y le concede un término para que presente sus explicaciones.Enunciado: Este procedimiento garantiza el correcto funcionamiento de la auditoría al respetar el derecho de:

Petición de los ciudadanos.

Contradicción y defensa de la entidad auditada.

Acceso a la información pública.

Caso: La Contraloría realiza una auditoría y concluye que un programa social no está llegando a la población más vulnerable para la que fue creado, a pesar de que se ejecuta todo el presupuesto.Enunciado: Este tipo de evaluación se enmarca dentro del:

Control financiero, que se limita a la revisión de los estados contables.

Control de legalidad, que solo verifica el cumplimiento de las normas.

Control de resultados, que evalúa el impacto y el cumplimiento de los fines y objetivos de una política o programa.

Caso: Un funcionario de la Contraloría recibe un derecho de petición y, aunque la ley le da 15 días para responder, decide contestarlo al día siguiente porque ya tiene toda la información disponible.Enunciado: La actuación del funcionario es un ejemplo de aplicación del principio de:

Celeridad, porque actuó con prontitud y sin dilaciones injustificadas para resolver la solicitud.

Economía, porque ahorró recursos al no esperar hasta el último día.

Publicidad, porque la respuesta será pública.

Caso: Un auditor de la Contraloría es asignado para auditar un contrato ejecutado por una empresa que pertenece a su cónyuge. El auditor no informa de esta situación y procede con la auditoría.Enunciado: La omisión del auditor vulnera directamente el principio de:

Imparcialidad, que exige que los funcionarios actúen con objetividad y sin conflictos de interés que puedan sesgar sus decisiones.

Coordinación, pues no se articuló con otras dependencias.

Eficacia, ya que el informe podría no ser útil.

Caso: La Contraloría finaliza un informe de auditoría sobre un tema de alto interés ciudadano, pero el Contralor decide mantenerlo en secreto y no publicarlo para no afectar la imagen del alcalde.Enunciado: Esta decisión del Contralor viola flagrantemente el principio de:

Moralidad, porque la intención no es ética.

Economía, porque se gastaron recursos en un informe que no se usará.

Publicidad, que establece como regla general que las actuaciones de la administración son públicas y deben ser accesibles a los ciudadanos.

Caso: Un directivo de la Contraloría utiliza el vehículo y el conductor asignados a la entidad para realizar sus diligencias personales y las de su familia durante los fines de semana.Enunciado: Este comportamiento es un claro atentado contra el principio de:

Moralidad administrativa, que exige que los bienes públicos sean utilizados exclusivamente para los fines oficiales y no para el beneficio particular.

Participación, porque no involucra a la comunidad en sus decisiones.

Celeridad, porque retrasa los trámites de la oficina.

Caso: La Contraloría implementa un nuevo sistema de peticiones, quejas y reclamos que es tan complejo y difícil de usar que los ciudadanos ya no pueden registrar sus denuncias.Enunciado: Aunque el objetivo era bueno, el nuevo sistema falla principalmente en el principio de:

Imparcialidad, porque el sistema trata a todos los ciudadanos por igual.

Eficacia, porque el procedimiento, en lugar de facilitar, impide que la entidad logre su finalidad de recibir y gestionar las quejas ciudadanas.

Buena fe, porque se presume que la intención de la Contraloría era buena.

Caso: La Contraloría decide imprimir a full color y en papel de lujo de 500 páginas un informe preliminar que solo será consultado por 3 personas dentro de la entidad auditada.Enunciado: Esta decisión, si bien puede ser legal, es cuestionable desde el punto de vista del principio de:

Publicidad, porque el informe se está dando a conocer.

Igualdad, porque no se discrimina a nadie.

Economía, que exige que en la gestión de los recursos se evite el derroche y se opte por soluciones adecuadas al fin pero que no generen gastos innecesarios.

Caso: Dos ciudadanos presentan denuncias idénticas en la Contraloría. Al denunciante A, que tiene un contacto político, se le da trámite inmediato, mientras que al denunciante B se le informa que su caso "será estudiado".Enunciado: La actuación del funcionario de la Contraloría que recibió las denuncias viola el principio de:

Eficacia, porque puede que la denuncia no se resuelva.

Igualdad, que obliga a las autoridades a dar el mismo trato a las personas que se encuentran en la misma situación, sin ningún tipo de favoritismo o discriminación.

Celeridad, porque al menos uno de los trámites se está demorando.

Caso: Una Contraloría tiene una regla establecida sobre cómo se deben presentar los planes de mejoramiento. Sin previo aviso, en medio de una auditoría, le exige a una entidad cumplir con cinco nuevos requisitos no escritos, rechazando el plan que la entidad había elaborado siguiendo la regla conocida.Enunciado: La acción de la Contraloría vulnera principalmente el principio de:

Buena fe y confianza legítima, que protege las expectativas que los ciudadanos y las entidades se han formado con base en las acciones y reglas previas de la administración.

Economía, porque se gastó tiempo en un plan que fue rechazado.

Publicidad, porque los nuevos requisitos no fueron publicados.

Caso: Un equipo auditor determina un hallazgo fiscal y se lo comunica al representante de la entidad auditada de manera verbal en un pasillo, sin dejarlo presentar pruebas o argumentos de defensa antes de incluirlo en el informe final.Enunciado: Este procedimiento atenta contra el principio fundamental del:

Debido proceso, que garantiza el derecho de toda persona o entidad a defenderse, presentar pruebas y ser oído antes de que se tome una decisión en su contra.

Moralidad, pues la conversación no fue ética.

Eficacia, porque el hallazgo puede ser correcto.

Caso: Una Contraloría recibe múltiples denuncias ciudadanas, bien fundamentadas, sobre presunta corrupción en el manejo del programa de transporte escolar, pero decide no incluirlas en su plan de auditoría.Enunciado: La decisión de la Contraloría podría estar vulnerando el principio de:

Economía, ya que auditar podría ahorrar dinero a largo plazo.

Participación administrativa, que implica no solo permitir, sino también tener en cuenta la intervención de los ciudadanos en las decisiones que los afectan y en el control del poder público.

Imparcialidad, aunque no se conoce la razón de la decisión.

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